El Empleo entre 1990 y 1995 se redujo a un ritmo promedio anual de 1,5 por ciento. Ante este hecho, se dirigió la política de empleo fundamentalmente a lograr los objetivos siguientes:

		Potenciar la preparación de la fuerza de trabajo necesaria para los Programas de Desarrollo que el país encaró, como alternativa para salir de la crisis, principalmente en el Turismo, la Biotecnología y la Industria Farmacéutica
		Alcanzar un uso más eficiente de la fuerza de trabajo, llevando a cabo procesos de redimensionamiento empresarial y racionalización del personal ocupado en exceso; de manera gradual y ordenada, proceso que comenzó por los Organismos de la Administración Central del Estado
		Protección a los trabajadores afectados como resultado de los procesos de racionalización de las plantillas, dictando normas jurídicas que establecen garantías o subsidios a los trabajadores en función del tiempo de servicios prestados, partiendo del principio de no dejar a ningún trabajador desamparado
		Desarrollo de Programas de Empleo Territoriales, priorizando aquellas provincias y municipios con una situación más difícil. Desarrollo de Programas de Capacitación, tanto de recalificación para las personas racionalizadas, como de otras en busca de empleo, dirigidos a facilitar su inserción laboral
		Mantener, no obstante las difíciles condiciones económicas, la política de garantizar la ubicación laboral de los jóvenes recién egresados de la enseñanza superior y proteger a los que se gradúan de la enseñanza técnico profesional
		Fomento y desarrollo de Programas de Empleo Especiales, dirigidos a los sectores de la población más vulnerables, como son: las personas discapacitadas, madres solas y otros segmentos poblacionales que lo requieran

La adopción de estas acciones, permitió paliar la situación del empleo y evitar que las tasas de desocupación se elevaran más allá de lo permisible.